Por: Raquel A. Charqueño
Abogada en Perteneces A.C.
Han transcurrido más de 90 días desde que el Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió la solicitud de indulto de Sanjuana Maldonado, la única vía legal que le queda para obtener su libertad por un delito que no cometió. Son 15 años los que lleva en prisión y le quedarían 15 más si no se resuelve su petición. Del expediente de Sanjuana se desprenden irregularidades en su proceso penal, violaciones a sus derechos humanos y la omisión de las autoridades jurisdiccionales de juzgar su caso con perspectiva de género. Inconsistencias que dan la pauta para que se ordene su inmediata libertad como facultad exclusiva del legislativo en la entidad de conformidad con la Constitución local.
Sanjuana creció en Charco Cercado, Guadalcázar, una comunidad con un alto índice de marginación, en la que se carecen de servicios básicos y no existen oportunidades educativas. Por eso, Sanjuana decidió migrar a otro municipio de la entidad, Matehuala, para iniciar sus estudios superiores, y así cambiar su condición de vida. En el año 2009, al estar estudiando la universidad conoce a José Cruz en la tienda de autoservicio donde trabajaba, un hombre quince años mayor, quien ejerció violencia psicológica, simbólica y emocional en su contra. José Cruz, en el mismo año, la llevó bajo amenazas a cobrar un dinero a un cajero, del cual Sanjuana desconocía su procedencia. Allí Sanjuana decide no entrar a realizar el cobro, por lo que se queda esperando en el estacionamiento. Minutos después es detenida por elementos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por el delito de secuestro agravado.
Al analizar el contexto de vida y el expediente, es como Perteneces A.C. decide representarla en este proceso de indulto. De la lectura de su expediente conformado por cientos de fojas, se puede asegurar que no existen elementos suficientes para determinar su responsabilidad. De las múltiples irregularidades en su proceso se encuentran, por ejemplo, que su detención fue ilegal porque no se cumplieron con los requisitos de la flagrancia. Se le mantuvo en arraigo por más de cuarenta días sin que se justificara la medida, tiempo que fue utilizado para obligarla a declarar sobre su participación en el delito. Su defensa fue inadecuada porque no se realizaron actos tendientes a demostrar su inocencia. Las pocas pruebas que fueron presentadas a su favor no fueron valoradas correctamente, tanto que se excluyeron las declaraciones de las personas que sí realizaron el cobro del dinero en las que sostuvieron que Sanjuana no sabía por qué se encontraba en el lugar de los hechos y que no había cobrado ningún rescate.
Si Sanjuana hubiera sido juzgada con perspectiva de género, se encontraría en libertad con su familia e hijos, porque aún y cuando se le hubiera considerado responsable, las condiciones de pobreza y violencia de las que fue víctima obligaban que se le excluyera de cualquier responsabilidad. A la solicitud de indulto se adjuntó un peritaje antropológico con perspectiva de género, en el que consta que debido a que Sanjuana experimentó durante su infancia y adolescencia violencia, no tuvo oportunidad de actuar con completa autonomía en la decisión de acompañar a José Cruz al lugar de los hechos y poder salir de la relación violenta que llevaba con él.
También que Sanjuana fue víctima de una política criminal en el marco de la guerra contra el crimen organizado que conllevó que se le juzgara con mayor severidad, discriminándola y revictimizándola porque se construyó una historia falsa en la que se le hizo ver como una mala mujer, desechando su palabra y su experiencia de vida; despojándola de su identidady de su pertenencia a una comunidad que siempre la respaldó y pugnó por su libertad. Desde ahí si existieron suficientes elementos para reconocer su inocencia, no fueron considerados, pues se le trató como culpable desde su detención porque se debía cumplir con el mandato de encarcelar al mayor número de personas.
En días pasados diputados integrantes del Congreso señalaron que la solicitud se encuentra en estudio en las Comisiones de Justicia y Gobernación[1], para que después sea votada en el Pleno, para la cual se requiere la aprobación de 14 miembros. De una simple lectura a su caso, se puede concluir que efectivamente Sanjuana cumple con los requisitos para que se elija por su libertad, pues sólo es necesario que se demuestren la violación a sus derechos humanos y un indebido proceso. Hace una semana, familiares, sus maestros de la Universidad y colectivas de derechos humanos protestaron afuera del Congreso del Estado con la finalidad de conocer el estado en el que se encuentra la petición de indulto. Uno de los momentos más emotivos de ese día fue cuando Martin Luis Ledezma Hernández, profesor de la universidad de Sanjuana se acercó a los diputados para pedirles que otorgaran la libertad a Sanjuana para que pudiera estudiar su último semestre.
Si bien, la ley no establece un plazo para resolver sobre la solicitud, cada día que pasa es un día más de permisión a las violaciones de sus derechos humanos, que el Estado mexicano se encuentra obligado de evitar. La historia de Sanjuana refleja las deficiencias del sistema de justicia penal en México, y las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres como consecuencia de la ausencia de los tribunales de juzgar sus procesos penales desde la perspectiva de género. Por eso, es un momento histórico para el Congreso de San Luis Potosí para reivindicar no sólo los derechos humanos de Sanjuana, sino de todas las mujeres en México privadas injustamente de su libertad.
[1] La Orquesta, Congreso de SLP ya inició análisis de solicitud de indulto para Sanjuana, abril de 2024. Disponible: https://laorquesta.mx/congreso-de-slp-ya-inicio-analisis-de-solicitud-de-indulto-para-sanjuana/
