Mayo 21, 2024
Daniela Varela Urbina
Consultora Perteneces, A.C.
Ser mujer, joven, estudiante y empobrecida frente a un sistema de justicia patriarcal constituye la fórmula perfecta para la discriminación, un encarcelamiento injusto y continuas violaciones a los derechos humanos. Más aún, si el Estado mide el éxito de sus políticas de seguridad y de justicia con el aumento de personas encarceladas, ante la ausencia de políticas criminales integrales de prevención y reparación. Esta fórmula es la historia de Sanjuana.
La historia de Sanjuana se contextualiza en un entorno marcado por la violencia estructural de género y la criminalización de mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Sanjuana, al igual que muchas mujeres, se vio envuelta en un caso en el que fue acusada injustamente, sin considerar sus circunstancias de vida y los factores que la llevaron a ese punto, cuando ella misma era víctima de violencia.
Sanjuana es una mujer originaria de la comunidad de Charco Cercado en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí. Con una historia de superación académica decidió continuar sus estudios de licenciatura en el municipio de Matehuala. En 2009, a los 21 años y siendo estudiante, conoció a un hombre, con quien comenzó una relación, en la que existían situaciones de subordinación ya que él era 15 años mayor que ella y ejercía distintos tipos de violencia. Tras sospechar de actividades ilícitas de su entonces pareja sentimental, Sanjuana decidió terminar la relación, pero fue presionada y amenazada por él con hacerle daño a ella y a su familia.
Entonces, fue obligada a acompañarlo para cobrar un dinero, del cual ella desconocía su origen y se rehusó hasta el último momento a cobrar. En el lugar del cobro, fue detenida junto a él y otros dos hombres, bajo acusaciones de privación ilegal de la libertad. A pesar de declarar su inocencia y de señalar que fue coaccionada y víctima de violencia, su testimonio no fue tomado en cuenta durante el proceso judicial, que careció de una perspectiva de género y derechos humanos, materializado en una injusta sentencia de 30 años de prisión, de la cual ha estado privada de la libertad por casi 15 años.
La injusta sentencia condenatoria en agravio de Sanjuana está firme, es decir, actualmente no existen recursos judiciales para modificarla. Por ello, el 15 de febrero de 2024, Sanjuana, acompañada por 20 organizaciones de defensa de derechos humanos y colectivas feministas, presentó una solicitud de indulto para poder recuperar su libertad y reconstruir su proyecto de vida, que nunca debió ser truncado.
El indulto es la facultad para extinguir la pena impuesta por una sentencia. En San Luis Potosí esta facultad la tiene el Congreso del Estado, al que se presentó la solicitud. La petición fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Gobernación, las cuales deben emitir un dictamen y éste debe ser votado por el pleno del Congreso, con una mayoría simple. A pesar de que la solicitud fue presentada el 15 de febrero de 2024, las comisiones aún no emiten un dictamen, lo cual prolonga la privación de la libertad de Sanjuana y con ello, las continuas violaciones a sus derechos humanos y de su familia, quienes también viven afectaciones por el encierro.
Ante la carencia de recursos económicos y el desconocimiento del sistema, Sanjuana enfrentó un proceso penal en situación de mayor vulnerabilidad, por lo que fue víctima de sistemáticas violaciones a sus derechos humanos, que trascendieron al sentido condenatorio de la sentencia. Desde un inicio, hubo una detención ilegal y se hizo un uso desproporcionado de la figura del arraigo, la cual ya ha sido objeto de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, no fue garantizado el derecho de defensa adecuada material, ya que le designaron un mismo defensor público que a sus coacusados, quien no consideró la diferencia de condiciones con ellos y no aportó pruebas ni argumentos relevantes para mostrar la inocencia de Sanjuana. La inobservancia del principio de presunción de inocencia permeó todo el proceso, pues desde un inicio se le trató como una criminal. No fueron estudiadas las excluyentes de responsabilidad que se configuraron como su no participación y su presencia en el lugar de la detención en contra de su voluntad por miedo y amenazas, lo que habría concluido en una sentencia absolutoria.
A su vez, los elementos que podrían beneficiar a Sanjuana fueron desechados, tales como el dictamen psicológico que mostraba la violencia y situación de subordinación, los careos con sus coacusados que daban cuenta que ella se encontraba en el lugar en contra de su voluntad y su testimonio que constantemente denunció las amenazas y la violencia. La voz de Sanjuana fue silenciada en todo momento.
El proceso fue caracterizado por una ausencia de perspectiva de género. Sanjuana fue juzgada con base en ideas preconcebidas sobre el “deber ser” de las mujeres y por el hecho de actuar como lo hizo. Las exigencias y reproches hacia ella fueron discriminatorios y desproporcionados, a través de éstos, las autoridades judiciales sostuvieron y argumentaron su culpabilidad y, por tanto, una sentencia tan severa. A Sanjuana le exigieron haber denunciado las amenazas y la violencia que vivía, le reprocharon haberse presentado a cobrar el dinero. La juzgaron por no cumplir con las exigencias discriminatorias de la denuncia obligatoria y de la buena víctima y, con ello, refrendaron su criminalización y el argumento de su participación dolosa en el delito.
Para dar cuenta del contexto y los factores socioculturales y estructurales que obstaculizaron el acceso a la justicia de Sanjuana, se presentó un peritaje antropológico y sociocultural con perspectiva de género adjunto a la solicitud de indulto. El peritaje enmarca el contexto de guerra contra el crimen organizado que exigía el incremento del número de personas detenidas y ejercía el poder punitivo sobre aquellas en mayor grado de vulnerabilidad, incluyendo las mujeres en situación de pobreza.
Lo anterior aunado al continuum de violencia en el que se encontraba Sanjuana, la orilló a estar presente en el lugar donde fue detenida sin estar en condiciones para actuar de otra manera debido a la violencia de género de la que fue víctima. Para explicarlo, el peritaje advierte que el poder punitivo del Estado opera a través de las construcciones de género que juegan un papel importante en la criminalización de las mujeres propiciando que se les señale y castigue no sólo por una conducta delictiva, incluso sin haberla realizado, sino porque esa simple idea representa un acto de transgresión a la construcción universalizada y estereotipada de ser mujer que debe ser sancionado con mayor severidad.
Sanjuana tiene más de 5,000 días en prisión y han pasado casi 100 desde la solicitud de indulto. Hoy, más de 18,000 voces, a través de la plataforma change.org, se han sumado a la exigencia por la libertad de Sanjuana, con la firme convicción en su inocencia y en la injusticia que significa su privación de la libertad.
En esta oportunidad histórica, los diputados y diputadas del Congreso del Estado de San Luis Potosí pueden devolver la libertad a Sanjuana, una mujer inocente, como una medida idónea de reparación y restitución por las violaciones a sus derechos humanos. Con ello, se darían pasos sólidos hacia la construcción del Estado de Derecho y la vida libre de violencia que todas las mujeres merecemos, sin importar el origen, la edad o la condición económica.
